9:41 p. m.
Valerio Mateo Rosario
16/02/2011.
9:25 PM.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana fue demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que se definió como "masacre de Guayubín" ocurrida en la frontera con Haití en 2000, donde perdieron la vida seis haitianos y un dominicano, bajo el argumento de que no cumplió las recomendaciones que emitió en el informe de fondo de la denuncia.
Un cable de Agencia EFE da cuenta de que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó en Washington que el caso se relaciona con los hechos sucedidos en la frontera entre República Dominicana y Haití el 18 de junio de 2000, cuando miembros del Ejército dominicano dispararon contra un vehículo que los transportaba.
En ese hecho perdieron la vida siete personas y resultaron heridas varias más, en un incidente conocido por la justicia militar, que absolvió a los militares involucrados, aunque los familiares de los ejecutados solicitaron que el caso fuera sometido a la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, el caso se relaciona con el hecho de que algunas de las víctimas supervivientes sufrieron violación a su libertad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de República Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de migrantes.
El organismo señala finalmente que el caso se enmarca en un contexto de discriminación estructural en contra de haitianos o personas de origen haitiano por parte de agentes dominicanos.
La discriminación contra los haitianos radicados en República Dominicana legal e ilegalmente ha sido el eterno argumento, no solo de la Corte Interamericanao de DerechosHumanos, sino de organismos como Americas Watch, Human Rights y otras entidades de derechos humanos, que se nutren de informes de organismos dominicanos afines como el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
Las acusaciones se producen con frecuencia, pese a que los haitianos trabajan libremente en áreas como las construcciones, en los campos cañeros, en la venta de diversos productos comestibles en las calles de Santo Domingo, el Distrito Nacional y demás provincias del país, sin ser molestados por la población ni las autoridades, que en muchas ocasiones flexibilizan las restricciones de entrada para ilegales en la frontera.
Un cable de Agencia EFE da cuenta de que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó en Washington que el caso se relaciona con los hechos sucedidos en la frontera entre República Dominicana y Haití el 18 de junio de 2000, cuando miembros del Ejército dominicano dispararon contra un vehículo que los transportaba.
En ese hecho perdieron la vida siete personas y resultaron heridas varias más, en un incidente conocido por la justicia militar, que absolvió a los militares involucrados, aunque los familiares de los ejecutados solicitaron que el caso fuera sometido a la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, el caso se relaciona con el hecho de que algunas de las víctimas supervivientes sufrieron violación a su libertad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de República Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de migrantes.
El organismo señala finalmente que el caso se enmarca en un contexto de discriminación estructural en contra de haitianos o personas de origen haitiano por parte de agentes dominicanos.
La discriminación contra los haitianos radicados en República Dominicana legal e ilegalmente ha sido el eterno argumento, no solo de la Corte Interamericanao de DerechosHumanos, sino de organismos como Americas Watch, Human Rights y otras entidades de derechos humanos, que se nutren de informes de organismos dominicanos afines como el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
Las acusaciones se producen con frecuencia, pese a que los haitianos trabajan libremente en áreas como las construcciones, en los campos cañeros, en la venta de diversos productos comestibles en las calles de Santo Domingo, el Distrito Nacional y demás provincias del país, sin ser molestados por la población ni las autoridades, que en muchas ocasiones flexibilizan las restricciones de entrada para ilegales en la frontera.
Fuente:elnacional.com
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