SOMETEN AL GOBERNADOR Y OTROS FUNCIONARIOS DEL BC.

24/05/2011.

10:25 PM.

Los propietarios de El Prado Gran Hotel, que se levanta en la esquina de las avenidas George Washington y Máximo Gómez, los acusan de abuso de poder y de provocar la parálisis de esta millonaria obra

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una querella judicial por abuso de poder, estafa y otros delitos fue presentada este martes contra el gobernador y otros dos funcionarios del Banco Central por la empresa El Prado Grand Hotel S.A.

Los funcionarios son acusados por la parálisis de un millonario proyecto hotelero cuya edificación se levanta en la avenida George Washington casi esquina avenida Máximo Gómez, de la capital.

Además del gobernador Héctor Valdez Albizu, fueron sometidos Mayra Corominas, directora del Comité para la Realización de Activos (COPRA), y Pedro Ramón Nicolás Silverio Alvarez, gerente del Banco Central.

El autor de la querella es el empresario Víctor Pimentel Kareh, presidente de la referida empresa, quien está representado por los abogados Norberto Rondón e Ingrid Hidalgo.

En la querella, presentada por los juristas por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, se responsabilida a los funcionarios deviolación a los artículos 174, 183, 265, 266 y 405 del Código Penal y los artículos 39, 51, 146 y 148 de la Constitución de la República.

El origen de los hechos

Según Pimentel, los hechos se remontan al 1998, cuando su empresa compró a un grupo mexicano la propiedad donde se construye el Hotel El Prado pero encontró de inmediato la oposición de Valdez Albizu, quien estaba “obsesionado con poder disponer de esa propiedad por una supuesta acreencia” con el Banco Central.

Dijo que en esa ocasión interpuso formal querella penal contra Valdez Albizu pero a solicitud del Presidente Leonel Fernández, que intervino luego de esos sucesos, acordó retirarla y el mandatario dio su anuencia para que el Banco Central facilitara un préstamo para la terminación del hotel.

“Pero esa institución sólo aprobó una parte del mismo y de manera explicable tampoco lo desembolsó por completo, originando a que la obra se paralizara hasta el día de hoy”, agregó.

Señaló que el suceso más grave fue que el pool de bancos intermediarios que se estructuró para ese préstamo, integrado por Baninter, Mercantil, Banreservas y Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, inició un proceso de cobro por la parte desembolsada tendiente a embargo inmobiliario en contra de Hotel El Prado.

Venta por un valor inferior

Dijo que presionado por esas circunstancias, los propietarios del Hotel se vieron en la necesidad de vender la propiedad para saldar las deudas aceptando un precio muy inferior a su valor real, contando con un descuento en los intereses y parte del capital que previamente habían conversado con los bancos.

De éstos Banreservas y la AsociaciónDuarte de Ahorros y Préstamos honraron su palabra y fueron saldadas sus cuentas de inmediato, pero no sucedió lo mismo con COPRA, entidad perteneciente al Banco Central y que maneja la cartera de préstamos de Baninter y Mercantil, quienes se negaron al descuento.

Pimentel aclaró que el Banco Central ha autorizado este tipo de descuentos en intereses y capital a otros deudores de bancos en quiebra, entre ellos los grupos Pellerano y Hazim, pero en este caso, el Banco Central sorpresivamente ha decidido no otorgar ningún descuento y, por el contrario, además de exigir el 100% del capital, reclama el pago de ocho años de intereses, en franca violación a la ley, la cual sólo le faculta a cobrar tres años de intereses como máximo (artículo 227 del Código Civil).

“No conformándose con esto, el Gobernador del Banco Central, a sabiendas que los propietarios ya habían saldado y desinteresado a los otros dos integrantes del pool de bancos (Banreservas y la AsociaciónDuarte de Ahorros y Préstamos), pretendió de manera unilateral, la venta en pública subasta de la propiedad, en un intento desesperado de adjudicación, antes de que sus propietarios salden la totalidad de sus deudas”, expresó.

Tampoco quisieron aceptar cheque

Pimentel Kareh declaró que luego de ese hecho, los propietarios del hotel aceptaron, estoicamente, pagar RD$108 millones de capital e intereses, por lo que ordenaron un cheque de gerencia del Banco BHD por la indicada suma a nombre del Banco Central de la RepúblicaDominicana, pensando que con esto terminaría esta persecución.

“Pero sorpresivamente esta institución tampoco quiso aceptarlo y notificó quedicho cheque provenía de un tercero, quien no era el deudor, y no de El Prado Grand Hotel, S. A., quien sí tiene la obligación de pago frente al Banco Central”, según acto, a requerimiento del Banco Central, marcado con el No. 729 (08), de fecha 31 de octubre del 2008, el cual se anexa a la querella.

Expresó que Valdez Albizu, al ver que con esta oferta de pago le iba resultar difícil continuar con la adjudicación, autorizó a su gerente, Pedro Ramón Nicolás Siverio Álvarez y a la directora del COPRA, Mayra Consuelo Corominas de Fernández, para que suscribieran un contrato mediante el cual vendían la deuda, incluyendo todos los derechos litigiosos de venta en pública subasta, a un tercero: Empresas Bello Veliz, C. por A..

“Confiando en la Justicia dominicana, así como en el Ministerio Público, encabezado por el Dr. Radhamès Jiménez (quien antes de ser nombrado Procurador Gral de la República fue testigo de esta injusticia y la reprochó), a los propietarios no les ha quedado otra alternativa que estructurar un equipo de abogados para proceder judicialmente contra el Banco Central y el Lic. Héctor Valdez Albizu, por toda esta cronología de abuso de poder, interponiendo dicha querella penal y una demanda en reparación a los daños materiales y morales por la suma de US$60 millones de dólares, por violación a los artículos antes citados”, indicó.

Pimentel Kareh declaró que no lo había iniciado este proceso por el respeto que le profesa al presidente de la República, Leonel Fernández, pero que las circunstancias le han forzado a hacer iniciar este proceso judicial, amparado en el buen clima de inversiones que debe imperar en la República Dominicana.

Fuente: almomento.com