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SANTO DOMINGO.- La licenciada Altagracia Paulino consideró que tomar decisiones en perjuicio de la Educación constituye un atentado al Estado Social de Derechos y advirtió que si hay que “cerrar colegios Pro Consumidor los cerrará”, pero que no permitirá el abuso de la Federación Nacional de Centros Educativos Privados (FENACEP) por retener documentos, notas y poner en Cicla por atrasos afectando el crédito de los padres o tutores.
La directora de Pro Consumidor hizo la advertencia a propósito del desafío de la Federación de Colegios Privados a las autoridades que mediante resolución dispuso que los padres paguen por adelantado el año escolar o de lo contrario los colocarán como clientes morosos en los burós de crédito.
La FENACEP, que agrupa a más de 200 colegios privados de la capital y el interior, resolutó actuar judicialmente contra los padres de sus alumnos que no cumplan sus compromisos económicos con los centros educativos afiliados y precisó que no entregará récord de notas, cartas de recomendación para estudios superiores, cartas de conducta y otros documentos a los alumnos cuyos padres tengan cuentas por pagar.
Abogados de Pro Consumidor analizan las acciones legales que iniciaran en contra de la resolución y anunció que en las próximas horas los abogados abordarán el tema por ante la jurisdicción correspondiente, porque no permitirá retención de notas, cartas y abusos contra los alumnos ni sus padres.
La licenciada Paulino llamó a la Federación de Padres a que se acerquen a Pro Consumidor “para que le busquemos la vuelta al asunto”.
Consideró que la Educación es un Derecho Constitucional y que “quien atenta contra ésta está atentando contra el Estado social”.
Entrevistada por el periodista Ruddy González en el programa “Oye País”, por Color Visión, Paulino dijo que “si hay que cerrar colegios Pro Consumidor los cerrará” pero que no permitirá que a un niño se le deje de entregar una calificación o que se le saque de un colegio porque no pague por adelantado.
Planteó que existe la Ley de Educación que regula a los colegios privados y que por demás la educación es un derecho constitucional que en modo alguno se puede violentar con decisiones arbitrarias y en interés de particulares.
“Si tenemos que constituir en el país cooperativas de colegios lo haremos, para corregir tal situación, y los colegios que quieren cometer abusos pues entonces que se queden cerrados”, planteó.
La directora de la institución garantista de los derechos económicos de la población insistió en que se trata de un delito criminal negar un servicio tan importante como la educación, que a la vez constituye un derecho humano.
La Salud
La licenciada Paulino afirmó que tiene el deber de hacer cumplir la Ley 358-05 que crea a Pro Consumidor, la cual tiene rango constitucional y carácter supletorio para defender a los consumidores cuando los ciudadanos le apoderen porque sus intereses son violentados.
En ese sentido, condenó el aumento a los servicios de salud dispuesto por las clínicas privadas y llamó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a que regule los seguros porque no se puede dejar que la voracidad del mercado afecte una conquista social tan importante como la Ley de Seguridad Social.
Anunció que en las próximas horas los abogados de Pro Consumidor abordarán el tema por ante las jurisdicción correspondiente, porque no permitirá retención de notas, cartas y abusos contra los alumnos ni sus padres.
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