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SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, afirmó hoy que llegó a un acuerdo con el Consejo Nacional de Drogas (CND), para que el Congreso apruebe la modificación de la Ley de Lavados de activos.
El jefe del Ministerio Publico dijo que el acuerdo sería firmado mañana jueves luego de que la presidente del CND, Mabel Féliz, se reúna con la directiva del organismo que lucha en contra de la prevención de la droga.
Sin embargo, la presidenta del Consejo, Mabel Féliz, dijo que todavía no hay acuerdo y que mañana se reunirá con la directiva para discutir el tema.
Jiménez Peña sostiene que quien tiene a su cargo la aprobación o no del proyecto de modificación es el Consejo Nacional de Drogas y no la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que dirige el general Rolando Rosado Mateo.
“El órgano rector de la lucha contra las drogas no es la DNCD, sino el Consejo Nacional de Drogas, con quien me reuniré hoy para tomar una decisión definitiva”, adujo Jiménez Peña.
Expresó que el Congreso es quien tendrá la última palabra en lo relativo al relamo de Rosado Mateo, de que se le deje la partida del 50 por ciento que fue asignada mediante la ley 72-02 sobre lavado de activos.
Jiménez Peña aseguró que el Ministerio Público continuará con su trabajo en el combate a las drogas "con la autoridad principal que traza la política que es el Consejo Nacional de Droga que hay acuerdo".
En una misiva enviada al Procurador, Rosado Mateo, le expresó que “jamás” podría estar de acuerdo con la “draconiana reducción” de los porcentajes destinados a la institución a su cargo, para “pura y simplemente” asignarlos al Ministerio Publico.
De aprobarse, los recursos provenientes del narcotráfico o el crimen organizado se distribuirán de la siguiente manera: Un 25 por ciento para la Procuraduría General de la República e igual cantidad para el Consejo Nacional de Drogas y para la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El anteproyecto contempla además un 15 por ciento para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención de consumo de drogas y un 10 por ciento para el Ministerio de Salud.
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