Tarifas de colegios son chivos sin ley.

30/06/2011.

4:55 PM.

SANTO DOMINGO.- Sólo una efectiva aplicación de la Ley 86-00 puede obligar a los propietarios de colegios privados a fijar tarifas acordes con la categorización de los centros educativos, por lo que el Consejo Nacional de Educación no tiene facultades legales para imponer tarifas.

La apreciación es de profesionales y funcionarios ligados al sector educativo oficial, pero que prefirieron el anonimato.

La Ley 86-00, promulgada en septiembre del 2000, faculta en su artículo primero al Ministerio de Educación a fijar y regular las tarifas de los centros educativos privados.

El artículo 3 de la pieza establece que “de acuerdo a la categorización realizada, el Consejo Nacional de Educación, establecerá una escala de tarifas que estipule intervalos dentro de los cuales serán incluidos los diferentes colegios para fines de derecho a cobro de matriculación y colegiaturas.

“La escala tarifaria para los colegios privados se revisará cada tres años o cuando un colegio presente presupuestos que demuestren nuevas inversiones y transformaciones en uno o varios de los componentes de la escala, con el fin de su reclasificación”, ordena el artículo cinco.

No obstante, una fuente cercana al Ministerio de Educación afirmó que “usar el Consejo Nacional de Educación sería como dispararle a los colegios con una carabina vacía”.

Afirmó que tampoco Pro Consumidor tiene facultad legal para actuar en contra de los centros educativos privados.

“Lo único que resuelve ese problema es la clasificación de los colegios por categoría que dispone la Ley 86-00”, insistió la fuente.

Ayer, la ministra de Educación, licenciada Gloria Josefina Pimentel, convocó para el seis de julio al Consejo Nacional de Educación, de manera extraordinaria, para tratar el tema de las tarifas de los colegios privados y algunas medidas que contribuyan a mejorar el clima de la enseñanza pública y privada en la República Dominicana.

A la reunión fueron invitados representantes de las asociaciones de Padres y Amigos de los colegios, las asociaciones de colegios privados, los presidentes de las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados y la directora ejecutiva de PROCONSUMIDOR, Altagracia Paulino de Torbio.

Otros sectores ligados al sistema educativo nacional consideran que, más que una legislación que regularice la enseñanza privada, hace falta voluntad política para alcanzar esa meta.

Ariza de Valera, representante de la Federación Nacional de Centros Educativos Privasdos (FENACEP), afirmó este jueves que esa institución está atenta a defender su posición ante el Consejo de Educación y otros representantes de la sociedad dominicana.

Insistió en que los altos costos de operacionalespor las alzas de los combustibles, la energía eléctrica, los impuestos y otras cargas tienen al borde de la quiebra a decenas de instituciones educativas.