10:10 p. m.
Valerio Mateo Rosario
02/06/2011.
12:10 AM.
SANTO DOMINGO.- Una red de abogados que ofrecen sus servicios para defender a empresas y a empleados en casos laborales, lo que hacen es estafar a ambos sectores, denunció este miércoles el Ministro de Trabajo, al invitar a los trabajadores a acudir a ese Ministerio si entienden que sus derechos han sido violados.
Max Puig reiteró que esos “abogados” se dedican a comprar casos a los trabajadores para supuestamente defenderlos, y lo que hacen es estafarlos, por lo que pidió la intervención de la Procuraduría y al Colegio de Abogados.
Resaltó que los juristas consiguen hasta 100 casos a mil pesos, y lo someten a 50 mil, lo que consideró una estafa, en tanto el trabajador se olvida del problema mientras el abogado hace su agosto, es decir obtiene muchísimo dinero.
El funcionario destacó que esa mafia laboral debe ser enfrentada con todas las fuerzas para que no siga operando, pero afirmó que existe un alto porcentaje de empleados que caen en las manos de abogados “inescrupulosos”, por desconocer cuáles son sus derechos.
Reiteró su invitación a los trabajadores de empresas para que cuando entiendan que sus derechos fueron violentados, acudan de inmediato al Ministerio de Trabajo, porque allí encontrarán asesoría laboral para resolver cualquier conflicto de esa índole.
Reiteró que el Ministerio de Trabajo tiene abogados gratis para las personas que lo necesiten en términos laborales e informó que está conversando con la parte empleadora y con los trabajadores para evitar que siga operando la mafia de abogados en ese tema.
En torno a los embargos irregulares que ejecutan abogados en los hoteles de la región este, Puig indicó que el Código de Trabajo favorece esa práctica, debido a que anteriormente el trabajador y el empleador llegaban a conciliarse en la institución.
No obstante, el funcionario explicó que después que se detectó la corrupción que imperaba con los inspectores del Ministerio se cambió esa práctica.
La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este denunció que cientos de sus miembros hanbían sido víctimas de embargos irregulares, que amenazan con “barrer” los atractivos que tiene el país como destino de inversión.
Tras la denuncia, autoridades judiciales y del Ministerio de Turismo iniciaron investigaciones sobre la situación, que amenazaba las inversiones en ese sector.
Los hoteleros llamaron la atención de la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Policía Nacional para que investigaran y pusieran término a lo que denominaron epidemia de “embargos-asaltos”, que afecta a los inversionistas del sector.
Al insistir en la eliminación de la mafia, los hoteleros le atribuyeron notificaciones falsas, y relataron que en las primeras 15 semanas del año se produjeron siete actuaciones hechas a partir de sentencias secretas que nunca fueron conocidas por los hoteleros para que no pudieran defenderse.
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