6:21 a. m.
Valerio Mateo Rosario
06/07/2011.
6:26 AM.
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, declaró ayer que el Ministerio Público se mantiene firme en que sea una Policía Técnica de Investigación quien dirija las investigaciones criminales y no la Policía Nacional.
Jiménez Peña afirmó que con la creación de ese grupo especializado se evitaría que los casos que los fiscales sometan o pretendan someter a la Justicia se caigan por malas prácticas de agentes de la Policía Nacional o por simples movimientos administrativos de la institución, como suele ocurrir en la actualidad.
En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público necesita tener la completa dirección de las investigaciones policiales, a fin de hacer más efectiva la persecución del crimen.
“Seguimos sosteniendo que para hacer más competitiva y eficaz la investigación en República Dominicana, el Ministerio Público necesita tener la dirección completa de las investigaciones, y no solamente los aspectos legales y funcionales del proceso”, dijo Jiménez al participar como invitado del Almuerzo de Multimedios del Caribe y ser entrevistado por su director, Osvaldo Santana, y el director del periódico El Caribe, Manuel Quiroz.
La nueva Policía Técnica está consignada en la promulgada Ley Orgánica del Ministerio Público, pese a que el presidente Leonel Fernández, por inconformidad de la jefatura de la Policía, envió al Congreso Nacional un proyecto para derogar los artículos de la legislación que están relacionados con la creación del nuevo cuerpo que quitaría la dirección de la investigación criminal a la institución del orden.
Explicó que los miembros de la Policía Técnica de Investigación recibirían una capacitación especializada, además de un salario similar al de los demás servidores del Ministerio Público. La idea es, de acuerdo a sus argumentaciones, dotar al agente de condiciones profesionales y materiales que les permitan blindarse frente a los distintos actos de corrupción que suelen tentar al policía, además de definirle una línea de acción diseñada exclusivamente por el mismo Ministerio.
Como ejemplo de los resultados que se pretenden implementar, Jiménez Peña señaló el caso de la Policía Penitenciaria, constituida especialmente para garantizar la seguridad y el correcto tratamiento de los reclusos del nuevo sistema penitenciario.
Explicó que esa Policía Penitenciaria está compuesta en su mayoría por jóvenes que son formados en la Escuela Nacional Penitenciaria y comienzan a trabajar con un salario de RD$11,500, “que no es mucho”, dijo el procurador, pero que equivale al salario de un oficial de la Policía con el rango de mayor.
“Hay resistencia por parte de sectores de la Policía Nacional, y es legítimo que tengan esa resistencia; pero nosotros seguimos entendiendo que, haciendo esta readecuación de la estructura de investigación de la Policía, la eficacia sería mayor y más visible frente a la sociedad”, comentó.
Organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se han expresado a favor de la creación de la Policía Técnica, y en ese sentido rechazan las intenciones de eliminarla.
AMENAZA DEL NARCOTRAFICO. Refiriéndose al crimen organizado, el procurador Jiménez Peña sostuvo que el narcotráfico se mantiene como la principal amenaza criminal a la paz social del país, por lo que constituye la primera preocupación del Ministerio Público.
Manifestó que el robo, el asesinato, la violencia y otras actividades ilegales que afectan a diario la tranquilidad de las familias dominicanas giran, de algún modo, alrededor de la venta y tráfico de drogas.
El más alto representante del Ministerio Público dijo que, a pesar de los avances que se han conseguido con la captura y condena de grandes narcotraficantes como Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto y los implicados del caso Paya, la fuerza pública tiene la cotidiana tarea de enfrentar acciones ligadas directa o indirectamente al mundo de las drogas no lícitas.
“Pudiéramos denominarlo como el centro del universo criminal. Los narcotraficantes que se pelean por espacios y producen crímenes; y los adictos a la droga, que para mantener el vicio delinquen, roban, matan y asaltan, son ejemplos comunes de ese mal”, indicó.
Aclaró, no obstante, que el narcotráfico y sus consecuencias no son problemas exclusivos de países como República Dominicana, México y el resto de Latinoamérica, sino también de Europa y Asia, donde él ha constatado personalmente que las autoridades atraviesan por el mismo desafío.
“Tal y como dice Naciones Unidas, el narcotráfico es la gran plaga de la humanidad”, precisó.
BIENES INCAUTADOS. Al responder al impasse surgido entre el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por la distribución de los bienes decomisados a personas involucradas con el narcotráfico, Jiménez Peña dijo que esa distribución se hará según lo determine el Congreso Nacional. Aseguró que esa distribución no responderá a las intenciones particulares de la DNCD, la Procuraduría General de la República o el Consejo Nacional de Drogas.
El procurador Jiménez Peña expresó que al Ministerio Público le debe corresponder parte importante de la repartición de los bienes del narcotráfico, aunque reconoció que por falta de consenso serán los congresistas los encargados de terminar el debate cuando conozcan el proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Activos.
Si la propuesta bajo estudio del Congreso se aprueba, a la DNCD le correspondería un 30% de lo decomisado, al CND un 25%, a las instituciones sin fines de lucro un 15%, a la Procuraduría un 25% y al Ministerio de Deportes el 5% restante.
“El Ministerio Público es el que se arriesga, el que da la cara frente al delincuente, y el que se encarga de proteger los bienes incautados, porque tiene responsabilidad civil y penal ante ellos”, afirmó.
También consideró que el debate nacional que se ha suscitado en torno a los bienes del narcotráfico es el resultado del aumento de la eficiencia de los agentes del Ministerio Público, por lo que en su opinión “no es justo que se quede fuera” del reparto.
Respecto a los problemas que se han presentado con varias organizaciones sin fines de lucro beneficiadas con inmuebles incautados a narcotraficantes, Jiménez Peña consideró que tanto la institución como las autoridades deben esperar que el bien esté sometido a una decisión definitiva de los tribunales antes de hacer la ocupación.
Manifestó que de esa forma se evitarían los desalojos denunciados recientemente.
SISTEMA PENITENCIARIO. Jiménez Peña informó que como resultado de la implementación del nuevo modelo penitenciario, los internos que cumplen su pena en cárceles del mejorado sistema carcelario presentan un índice de reincidencia de 2.7%, cuando el de los países desarrollados oscila entre 39 y 72%.
Comentó que expertos internacionales comparan el modelo local, en términos de resultados positivos, sólo con Noruega, que es la nación con mejores políticas de reinserción social del presidiario. A la fecha, el 40% de las cárceles nacionales se encuentran dentro del nuevo modelo, aunque el 30% de los presos cumplen condena en los viejos centros de Najayo-Hombres y La Victoria.
“Lo más importante es que las estadísticas demuestran que el nuevo modelo es el paradigma a seguir”, afirmó, y puso como ejemplo los centros de La Romana, La Vega y Salcedo, que se encuentran en proceso de construcción.
Entiende que el recluso saldrá de esos centros con una nueva visión del orden social y con habilidades desarrolladas dentro de los programas de capacitación del nuevo modelo. Con estas tres nuevas estructuras, el nuevo sistema penitenciario tendrá 17 centros especializados.
INDEPENDENCIA DEL DPCA. El director de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, trabaja dentro de un ambiente de independencia total y con el apoyo directo de la Procuraduría General de la República, dijo Jiménez Peña, quien pasó a defender los esfuerzos que Bonilla emprende para perseguir los actos ilícitos en la administración pública.
En relación a las quejas externadas por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, de que sus técnicos depositan periódicamente casos sospechosos de corrupción ante el DPCA, sin que el organismo les de seguimiento judicial, Jiménez Peña sostuvo que la intención de Bonilla siempre es de resolver. Pero agregó que no todas las denuncias tienen la fuerza para dar inicio a sometimientos concretos.
“Él está muy empeñado. Tiene toda la libertad y todo el apoyo. Y esto no sólo ocurre con la DPCA, sino en todas las fiscalías. Pueden trabajar con total libertad. Nos hemos encargado de que el Ministerio Público actúe con plena independencia”, dijo, para responder a las inquietudes presentadas por Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe.
Además de la Cámara de Cuentas, diferentes actores de la sociedad civil y especialistas en tema de transparencia administrativa han cuestionado la eficacia del trabajo de la DPCA y su titular, Hotoniel Bonilla. “Pueden trabajar con total libertad. Nos hemos encargado de que el Ministerio Público actúe con plena independencia”, dijo Jiménez Peña.
Este mes convocarán al CNM
El Procurador está seguro de que el Presidente de la República, Leonel Fernández, en su condición de cabeza del Estado, no dejará pasar este mes sin convocar la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En ese primer encuentro, explicó Jiménez Peña, los diferentes actores del Consejo se dedicarán a la primera tarea definida en la Constitución, que consiste en la aprobación del reglamento interno del organismo.
El funcionario dijo que las organizaciones sociales que tengan propuestas de juristas aptos para ocupar los cargos vacantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral pueden presentarlas ante la secretaría del CNM.
Consideró también que en esta ocasión las funciones del Consejo serán más diversas que nunca y podrán desarrollarse dentro de un clima de total transparencia. En lo adelante, el organismo podrá destituir a los jueces que no cumplan debidamente con sus responsabilidades.
Intercambios de disparos
Los recientes intercambios de disparos en los que agentes de la Policía Nacional han quitado la vida a grupos de hasta cuatro supuestos delincuentes de manera simultánea serán minuciosamente investigados por el Ministerio Público, aseguró el procurador general, Radhamés Jiménez Peña, quien puso al fiscal de Santo Domingo, Perfecto Acosta, al frente de las investigaciones del último caso ocurrido en el municipio Santo Domingo Este.
En la última semana de junio, agentes policiales mataron, en las inmediaciones de un depósito de la Cervecería Nacional, a cuatro supuestos delincuentes.
El hecho llamó la atención de la población, mientras los familiares de las víctimas hicieron referencia a abuso de la fuerza pública. La reaparición de los llamados “intercambios” generó críticas de la opinión pública nacional, por la rudeza con que la Policía cumple con sus tareas de vigilancia del orden y las leyes.
Jiménez Peña afirmó que con la creación de ese grupo especializado se evitaría que los casos que los fiscales sometan o pretendan someter a la Justicia se caigan por malas prácticas de agentes de la Policía Nacional o por simples movimientos administrativos de la institución, como suele ocurrir en la actualidad.
En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público necesita tener la completa dirección de las investigaciones policiales, a fin de hacer más efectiva la persecución del crimen.
“Seguimos sosteniendo que para hacer más competitiva y eficaz la investigación en República Dominicana, el Ministerio Público necesita tener la dirección completa de las investigaciones, y no solamente los aspectos legales y funcionales del proceso”, dijo Jiménez al participar como invitado del Almuerzo de Multimedios del Caribe y ser entrevistado por su director, Osvaldo Santana, y el director del periódico El Caribe, Manuel Quiroz.
La nueva Policía Técnica está consignada en la promulgada Ley Orgánica del Ministerio Público, pese a que el presidente Leonel Fernández, por inconformidad de la jefatura de la Policía, envió al Congreso Nacional un proyecto para derogar los artículos de la legislación que están relacionados con la creación del nuevo cuerpo que quitaría la dirección de la investigación criminal a la institución del orden.
Explicó que los miembros de la Policía Técnica de Investigación recibirían una capacitación especializada, además de un salario similar al de los demás servidores del Ministerio Público. La idea es, de acuerdo a sus argumentaciones, dotar al agente de condiciones profesionales y materiales que les permitan blindarse frente a los distintos actos de corrupción que suelen tentar al policía, además de definirle una línea de acción diseñada exclusivamente por el mismo Ministerio.
Como ejemplo de los resultados que se pretenden implementar, Jiménez Peña señaló el caso de la Policía Penitenciaria, constituida especialmente para garantizar la seguridad y el correcto tratamiento de los reclusos del nuevo sistema penitenciario.
Explicó que esa Policía Penitenciaria está compuesta en su mayoría por jóvenes que son formados en la Escuela Nacional Penitenciaria y comienzan a trabajar con un salario de RD$11,500, “que no es mucho”, dijo el procurador, pero que equivale al salario de un oficial de la Policía con el rango de mayor.
“Hay resistencia por parte de sectores de la Policía Nacional, y es legítimo que tengan esa resistencia; pero nosotros seguimos entendiendo que, haciendo esta readecuación de la estructura de investigación de la Policía, la eficacia sería mayor y más visible frente a la sociedad”, comentó.
Organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se han expresado a favor de la creación de la Policía Técnica, y en ese sentido rechazan las intenciones de eliminarla.
AMENAZA DEL NARCOTRAFICO. Refiriéndose al crimen organizado, el procurador Jiménez Peña sostuvo que el narcotráfico se mantiene como la principal amenaza criminal a la paz social del país, por lo que constituye la primera preocupación del Ministerio Público.
Manifestó que el robo, el asesinato, la violencia y otras actividades ilegales que afectan a diario la tranquilidad de las familias dominicanas giran, de algún modo, alrededor de la venta y tráfico de drogas.
El más alto representante del Ministerio Público dijo que, a pesar de los avances que se han conseguido con la captura y condena de grandes narcotraficantes como Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto y los implicados del caso Paya, la fuerza pública tiene la cotidiana tarea de enfrentar acciones ligadas directa o indirectamente al mundo de las drogas no lícitas.
“Pudiéramos denominarlo como el centro del universo criminal. Los narcotraficantes que se pelean por espacios y producen crímenes; y los adictos a la droga, que para mantener el vicio delinquen, roban, matan y asaltan, son ejemplos comunes de ese mal”, indicó.
Aclaró, no obstante, que el narcotráfico y sus consecuencias no son problemas exclusivos de países como República Dominicana, México y el resto de Latinoamérica, sino también de Europa y Asia, donde él ha constatado personalmente que las autoridades atraviesan por el mismo desafío.
“Tal y como dice Naciones Unidas, el narcotráfico es la gran plaga de la humanidad”, precisó.
BIENES INCAUTADOS. Al responder al impasse surgido entre el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por la distribución de los bienes decomisados a personas involucradas con el narcotráfico, Jiménez Peña dijo que esa distribución se hará según lo determine el Congreso Nacional. Aseguró que esa distribución no responderá a las intenciones particulares de la DNCD, la Procuraduría General de la República o el Consejo Nacional de Drogas.
El procurador Jiménez Peña expresó que al Ministerio Público le debe corresponder parte importante de la repartición de los bienes del narcotráfico, aunque reconoció que por falta de consenso serán los congresistas los encargados de terminar el debate cuando conozcan el proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Activos.
Si la propuesta bajo estudio del Congreso se aprueba, a la DNCD le correspondería un 30% de lo decomisado, al CND un 25%, a las instituciones sin fines de lucro un 15%, a la Procuraduría un 25% y al Ministerio de Deportes el 5% restante.
“El Ministerio Público es el que se arriesga, el que da la cara frente al delincuente, y el que se encarga de proteger los bienes incautados, porque tiene responsabilidad civil y penal ante ellos”, afirmó.
También consideró que el debate nacional que se ha suscitado en torno a los bienes del narcotráfico es el resultado del aumento de la eficiencia de los agentes del Ministerio Público, por lo que en su opinión “no es justo que se quede fuera” del reparto.
Respecto a los problemas que se han presentado con varias organizaciones sin fines de lucro beneficiadas con inmuebles incautados a narcotraficantes, Jiménez Peña consideró que tanto la institución como las autoridades deben esperar que el bien esté sometido a una decisión definitiva de los tribunales antes de hacer la ocupación.
Manifestó que de esa forma se evitarían los desalojos denunciados recientemente.
SISTEMA PENITENCIARIO. Jiménez Peña informó que como resultado de la implementación del nuevo modelo penitenciario, los internos que cumplen su pena en cárceles del mejorado sistema carcelario presentan un índice de reincidencia de 2.7%, cuando el de los países desarrollados oscila entre 39 y 72%.
Comentó que expertos internacionales comparan el modelo local, en términos de resultados positivos, sólo con Noruega, que es la nación con mejores políticas de reinserción social del presidiario. A la fecha, el 40% de las cárceles nacionales se encuentran dentro del nuevo modelo, aunque el 30% de los presos cumplen condena en los viejos centros de Najayo-Hombres y La Victoria.
“Lo más importante es que las estadísticas demuestran que el nuevo modelo es el paradigma a seguir”, afirmó, y puso como ejemplo los centros de La Romana, La Vega y Salcedo, que se encuentran en proceso de construcción.
Entiende que el recluso saldrá de esos centros con una nueva visión del orden social y con habilidades desarrolladas dentro de los programas de capacitación del nuevo modelo. Con estas tres nuevas estructuras, el nuevo sistema penitenciario tendrá 17 centros especializados.
INDEPENDENCIA DEL DPCA. El director de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, trabaja dentro de un ambiente de independencia total y con el apoyo directo de la Procuraduría General de la República, dijo Jiménez Peña, quien pasó a defender los esfuerzos que Bonilla emprende para perseguir los actos ilícitos en la administración pública.
En relación a las quejas externadas por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, de que sus técnicos depositan periódicamente casos sospechosos de corrupción ante el DPCA, sin que el organismo les de seguimiento judicial, Jiménez Peña sostuvo que la intención de Bonilla siempre es de resolver. Pero agregó que no todas las denuncias tienen la fuerza para dar inicio a sometimientos concretos.
“Él está muy empeñado. Tiene toda la libertad y todo el apoyo. Y esto no sólo ocurre con la DPCA, sino en todas las fiscalías. Pueden trabajar con total libertad. Nos hemos encargado de que el Ministerio Público actúe con plena independencia”, dijo, para responder a las inquietudes presentadas por Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe.
Además de la Cámara de Cuentas, diferentes actores de la sociedad civil y especialistas en tema de transparencia administrativa han cuestionado la eficacia del trabajo de la DPCA y su titular, Hotoniel Bonilla. “Pueden trabajar con total libertad. Nos hemos encargado de que el Ministerio Público actúe con plena independencia”, dijo Jiménez Peña.
Este mes convocarán al CNM
El Procurador está seguro de que el Presidente de la República, Leonel Fernández, en su condición de cabeza del Estado, no dejará pasar este mes sin convocar la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En ese primer encuentro, explicó Jiménez Peña, los diferentes actores del Consejo se dedicarán a la primera tarea definida en la Constitución, que consiste en la aprobación del reglamento interno del organismo.
El funcionario dijo que las organizaciones sociales que tengan propuestas de juristas aptos para ocupar los cargos vacantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral pueden presentarlas ante la secretaría del CNM.
Consideró también que en esta ocasión las funciones del Consejo serán más diversas que nunca y podrán desarrollarse dentro de un clima de total transparencia. En lo adelante, el organismo podrá destituir a los jueces que no cumplan debidamente con sus responsabilidades.
Intercambios de disparos
Los recientes intercambios de disparos en los que agentes de la Policía Nacional han quitado la vida a grupos de hasta cuatro supuestos delincuentes de manera simultánea serán minuciosamente investigados por el Ministerio Público, aseguró el procurador general, Radhamés Jiménez Peña, quien puso al fiscal de Santo Domingo, Perfecto Acosta, al frente de las investigaciones del último caso ocurrido en el municipio Santo Domingo Este.
En la última semana de junio, agentes policiales mataron, en las inmediaciones de un depósito de la Cervecería Nacional, a cuatro supuestos delincuentes.
El hecho llamó la atención de la población, mientras los familiares de las víctimas hicieron referencia a abuso de la fuerza pública. La reaparición de los llamados “intercambios” generó críticas de la opinión pública nacional, por la rudeza con que la Policía cumple con sus tareas de vigilancia del orden y las leyes.
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