Bachatero Anthony Santos es demandado

17/04/2012.     
8:40 AM.    

SANTO DOMINGO.- El popular bachatero Anthony Santos deberá comparecer este miércoles a las 2 de la tarde por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, para dilucidar un sometimiento judicial en su contra por presunta violación a la ley 65-00 sobre derecho de autor.

El afamado cantautor del género bachata, quien en los años 90 pegó el tema “Voy Pa’ llá, responde al nombre de Domingo Antonio Santos Muñoz, y deberá comparecer por ante el procurador fiscal Héctor Manuel Romero, adscrito a la Dirección de Investigación de Infracciones sobre Propiedad Intelectual y Alta Tecnología.

La querella formal con constitución en actor civil es de Teodoro Rodríguez Pérez, quien solicita a la Fiscalía apoderar a un juez del expediente, solicitando la imposición de medidas de coerción de prisión preventiva, impedimento de salida o una garantía económica de RD$10 millones en efectivo en contra del bachatero.

El imputante alega que él es el auténtico, legítimo, autor y real propietario de la obra musical titulada "Me quiero morir", según demuestra en la certificación No. 0005445, de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

Rodriguez Perez dijo que la obra se la presentó al cantante y que éste se interesó, al igual que la empresa RM Récords y Rafael Mañón, quienes inmediatamente la grabaron, pero que Anthony Santos se la adjudicó como propia, "haciendo uso, lucro y abuso de la obra ajena".

Afirma, además, que el bachatero ha ejercido de mala fe en su caso, violando con todo rigor el derecho moral y patrimonial del creador de la obra, lo cual le ha generado pingues beneficios y como pruebas, presentó por ante la Fiscalía un certificado de registro, copias del CD "El balazo", de las letras originales, entre otros elementos.

El afectado cuestiona que además del hecho de grabar la canción, sin la anuencia, permiso o contrato con su autor, también mutiló la producción en gran parte, variando el texto original y que ha procedido a registrar a su nombre la canción "Me quiero morir" en las sociedades de Gestión Colectiva de Música.

Rodríguez Pérez solicita apertura a juicio en contra del imputado y en el tribunal de fondo perseguirá una condena de tres años de prisión correccional, el pago de una multa de 1,000 salarios mínimos y una indemnización de RD$8.4 millones a su favor.