12 mar 2013

Hombre denuncia que buscan poner en libertad al asesino de su hijo

12/03/2013.
12:25 PM.

SANTO DOMINGO.-
José Joaquín Mueses Alcántara, padre de un joven muerto de un tiro en diciembre de 2011, llamó la atención del juez-presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, respecto al recurso interpuesto por Wagner Joaquín Rodríguez Adames, condenado a dos años de prisión por el hecho.

Rodríguez Adames fue encontrado culpable de homicidio contra el joven Agni José Mueses Tejada, de 19 años. En el caso se usó un revólver marca Smith & Wesson calibre 38.

Mueses Alcántara, padre de Mueses Tejada, dijo que Rodríguez Adames, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, y los abogados que lo representan, depositaron un recurso de apelación en procura de variar la condena de dos años a que fue condenado en fecha 22 de agosto de 2012.

Ese recurso está fijado para conocerse el próximo jueves 14 en la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

"El pretender una rebaja de la pena, más que una aberración judicial es otro crimen, pues el Ministerio Público se parcializó a favor del imputado, dado que no hizo una investigación seria del hecho", se quejó Mueses Alcántara.

Cuestionó que cómo es posible que el Ministerio Público aceptara como buena y válida la versión del matador sin apoyarse en el estudio de un perito. Además, que "¿cómo es posible que sólo escuchara la versión de los familiares del matador y en ningún momento escuchara la de los testigos del querellante? Realmente, el difunto fiscal Omar Álvarez lo que hizo fue una charlatanería".

El hecho en que Mueses Tejada perdió la vida se produjo en fecha 6 de diciembre de 2011 mientras el joven se encontraba en la residencia del ahora imputado, ubicada en el sector de Sabana Perdida.

El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo.

Condenó a Rodríguez Adames a dos años de prisión por violación de los artículos 319 del Código Penal, y 39 y 40 de la Ley 36, sobre comercio, porte y tenencia de armas de fuego.

El inculpado y sus abogados alegan que nunca hubo intención de quitarle la vida, y se aferran a la idea de que fue un homicidio involuntario.

El Ministerio Público pidió una condena de dos años de prisión contra el imputado, la que al final fue acogida por los jueces del Tribunal Colegiado, Daisy Indhira Montás Pimentel, juez-presidenta, y Fernando Fernández Cruz y Altagracia Mendoza Gutiérrez.

El padre de la víctima y sus abogados, José Daniel Rosario Sánchez, Juan A. Mueses y Reyes Álvarez de los Santos reclamaban una condena de 10 años de prisión contra el imputado, mientras que los abogados de éste pedían que fuera condenado a pena cumplida de tan solo ocho meses.

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