EN SANTO DOMINGO; Dominicanos de ascendencia haitiana piden la palabra en la Cámara de Diputados

SANTO DOMINGO.- El movimiento Reconocido saluda la preocupación mostrada por la Cámara de Diputados sobre el arrebato de documentos de identidad que sufrimos miles de dominicanos por parte de la Junta Central Electoral, y hacemos un llamado a los Diputados para que escuchen nuestro testimonio.

Para nosotros y nosotras, es satisfactorio ver al Congreso Nacional sosteniendo audiencias con varios miembros de la JCE a petición de una de sus comisiones permanentes, así como también la creación de una comisión especial que investigue sobre este tema, La Cámara de Diputados contrae una responsabilidad histórica al cuestionar hoy actuaciones de la JCE que han sido objeto de diversas acciones de amparo decididas por tribunales dominicanos y que nos han dado la razón como afectados, así como discutir a nivel nacional una problemática que viendo generando preocupación en diferentes instancias internacionales de derechos humanos.

Por eso instamos a los miembros de la Comisión Investigadora a centrarse en la forma como se han vulnerado nuestros derechos. Es importante no perder el foco de trabajo porque el número de personas afectadas por el arrebato de documentos es mayor que los 22.673 casos que presenta la JCE. Centrarse en aparentes disputas personales o intereses electorales involucrados en el trabajo de la JCE, desvía la atención del verdadero problema que padecemos miles de dominicanos y dominicanos afectados por la arbitrariedad de la Junta Central Electoral.

Hacemos un llamado a la Comisión Investigadora para que incorpore formalmente en su trabajo nuestro testimonio como personas afectadas por las políticas de la JCE, así como a las organizaciones de la sociedad civil que vienen haciendo un trabajo de derechos humanos ante problemática. Incorporar nuestra voz contribuirá a encontrar una solución adecuada al problema, solución que debe ser la motivación fundamental de la Cámara de Diputados y otros poderes del Estado, así como para garantizar la imparcialidad, transparencia y adecuada participación ciudadana en la investigación.

Creemos fielmente en nuestros representantes y es por esto que ponemos nuestras esperanzas en que la Comisión especial hará un estudio minucioso en este aspecto y encontrará una solución favorable, en la cual se respetarán las leyes nacionales, los deberes internacionales y, por sobre todo, los derechos humanos.