Mejorar la coherencia entre el discurso ético y la práctica es el principal reto de la gobernanza de Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El Centro Bonó consideró que son insuficientes los esfuerzos realizados por el Gobierno del Presidente Medina para mejorar la transparencia y gobernanza de la administración pública si no logra que haya coherencia entre el discurso sobre ética pública y la práctica.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el panel de análisis de coyuntura “Los Retos de Gobernar con Trasparencia en República Dominicana” organizado por el Centro Bonó, en el que participaron Yocasta Guzmán, directora general de Compras y Contrataciones Gubernamentales; Carlos Pimentel del área de transparencia de Participación Ciudadana; Juan Castillo de la Fundación Solidaridad y Alice Auradou del Observatorio de la Democracia Local, estos últimos, ambos de Santiago.

En el abordaje de la problemática, Yocasta Guzmán, destacó que el mayor reto en las compras públicas es un cambio de cultura política y de enfoque estratégico institucional. “El reto mayor es llevar confianza en un sistema donde hay demasiados intereses, lograr transparencia y equidad de oportunidades para que las MIPYMES reciban el beneficio de un 20 % del presupuesto de compras públicas e impedir que el sistema de compras gubernamentales continúe capturado por unas pocas empresas que han identificado trampas legales” en su favor.

La funcionara señaló que en ese sentido el gobierno trabaja en implementar políticas públicas para establecer igualdad de oportunidades, maximizar la participación, transparencia y vincular los procesos de planificación, presupuesto, compras y capacitar a proveedores del Estado, incluyendo a MIPyMES. “A esto se une la integración de comisiones de veedurías en instituciones que manejan grandes presupuestos, lo que constituye una muestra de que el cambio tan esperado empieza a concretarse y de que existe una voluntad política que lo motoriza”, indicó Guzmán.

Por otro lado, Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, indicó que el Presidente Medina inició su gestión proyectando austeridad, transparencia y estableció un Código de Pautas Éticas en su primer Consejo de Gobierno, pero, aún permanecen las viejas prácticas anti-éticas en la administración pública, “Cuando no se actúa con energía contra la corrupción y la impunidad en la Administración Pública, no se puede corregir lo que está mal” señaló Carlos Pimentel.

En torno a la gestión municipal, Juan Castillo, de la Fundación Solidaridad, expresó que en los gobiernos locales es necesario desmontar las prácticas clientelistas que predominan en la cultura política y se debe fomentar el ejercicio de una ciudadanía activa en beneficio de la comunidad, siguiendo procedimientos democráticos participativos y transparentes.

En ese sentido, Alice Auradou, coordinadora del Observatorio de la Democracia Local, presentó la “Campaña Observa Tu Ayuntamiento, Defiende Tus Derechos”, destinada a acercar a la ciudadanía a la gestión pública local y mejorar la veeduría social. Indicó que esta campaña fue puesta en práctica en 9 ayuntamientos de la provincia Santiago, como hallazgo señaló el bajo desempeño de estos en materia de transparencia.

Según Roque Feliz del Bonó, el principal reto de la transparencia en el Gobierno es lograr la coherencia entre su discurso y su práctica que no está siendo testimoniada por el comportamiento de sus funcionarios y por el modo de proceder de la Administración del Estado “¿Cómo entender que el Presidente haya formulado un Código de Pautas Éticas que van a regir su Gobierno y que personalidades fundamentales de su Administración no testimonien lo que ese Código plantea? y lo que es peor, que no pasa nada.

El Centro destaca que existe una resistencia a ofrecer datos abiertos, desagregados y servidos en formatos amigables que se puedan operar con fines de cálculo estadístico, de monitoreo y análisis. Entiende que desde adentro de la propia administración se boicotea la implementación del Decreto 543-12 con el que se reglamentan las normas de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Ley 340-06).

Explica que como un reto importante del gobierno, es el de fortalecer y generalizar las comisiones ciudadanas de veeduría social, pero no solo en el Ministerio de la Presidencia como ha ocurrido hasta ahora sino de manera especial en los ministerio de Obras Públicas, Educación, Salud y Turismo, y en organismos de importantes compras y contrataciones como Promese, la CEDEE, INAPA, CASSD y el INDHRI.

El Centro considera importante la veeduría que hacen la ciudadanía y los medios de comunicación, pero esto es insostenible si las instituciones del Estado que deben cumplir su obligación de contraloría, auditoría, prevención, investigación y sanción de los actos de prevaricación y corrupción, no hacen su trabajo. Entiende que la veeduría social no puede sustituir las funciones de la Contraloría, Cámara de Cuentas, Sistema de Control Interno, del Congreso, la Procuraduría y los Tribunales de Justicia.

Destaca que persiste la inconsistencia de la información suministrada por los organismos financieros del Estado, tal es el caso del reporte de la ejecución de fuentes financieras del Gobierno Central al cierre del año 2012. En el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) se registraron RD$151,394 millones, mientras que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental reportó un total de RD$187,774.6 millones y finalmente la Dirección General de Crédito Público registra un monto por RD$191,816.95 millones.

Finalmente apuntó Feliz, que un reto para la transparencia gubernamental, es asegurar la consistencia de la información financiera suministrada de un periodo a otro. “Por ejemplo, es incomprensible que en el trimestre enero-marzo la DIGEPRES informara que hubo una ejecución de RD$15.034 millones en disminución de cuentas por pagar y en los siguientes informes, de abril y mayo, se esfumará esta información.