8:05 a. m.
Valerio Mateo Rosario
SANTO DOMINGO.- La jueza del Juzgado de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, Miguelina Mendoza, dictó ayer tres meses de prisión como medida de coerción contra el suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames Bautista, y otros tres funcionarios de su gestión, acusados de provocar un desfalco millonario en el cabildo de aquella ciudad.
El ministerio público había solicitado un año de prisión preventiva contra Adames, los extesoreros Remigio Pilier y Rafael Rocha, y Francisco Severino, exencargado de Compras, quienes fueron sometidos a interrogatorios en el tribunal antes de conocerse el fallo.
La magistrada Mendoza insistió durante la audiencia en llamar a los abogados defensores a que se limitaran al derecho y las leyes. El ministerio público fue representado por Isidro Fabián, Joel López Gómez y Benito Ángel Nieves.
El suspendido alcalde y los otros tres ex funcionarios del cabildo son acusados por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), de falsedad de firmas, asociación de malhechores, prevaricación y corrupción entre funcionarios públicos.
A puertas cerradas
La audiencia se realizó por alrededor de nueve horas debido a los extensos debates y se celebró a puertas cerradas, sin acceso de la prensa, por tratarse una medida de acción privada.
A los medios de comunicación se les permitió al inicio de la audiencia tomar fotografías y fílmicas, pero luego se les ordenó retirarse de la sala de debates.
El exdiputado Frank Martínez, el diputado Pedro Botello y Soraya Bautista están al frente de la defensa de Adames y los demás ex funcionarios municipales.
El fiscal Nieves dijo que el desfalco asciende a RD$40 millones, y que en los próximos tres meses van a presentar todas las pruebas que comprometen a los acusados. Dijo que sólo el encargado de Compras habría hecho adquisiciones personales por hasta RD$200 mil.
El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, permaneció durante toda la audiencia y manifestó que se podría tratar de una persecución política.
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Los ayuntamientos del Pais deberian ser auditados al final de cada periodo de gobierno para evitar el mal uso de los recursos del Municipio como sucedio en este caso.
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