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Valerio Mateo Rosario
24/07/2011.
6:25 PM.
SANTO DOMINGO.- Dignidad Jurídica, manifestó que todo aquel que entienda que pueden existir informaciones sobre su persona en la base de datos compuesta por los cables de Wilkileaks tiene derecho a acceder a los mismos sin importar en manos de quien estén, expresó, el presidente del gremio, licenciado Blas Minaya Nolasco.
El, representante de la entidad profesional que aglutina los abogados del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que todo individuo involucrado en las historias del cable Wilkileaks tiene la facultad constitucional de exigir cualquier rectificación u oponerse a su divulgación sin previo consentimiento de su parte y a exigir la confidencialidad o destrucción de dichas informaciones.
En ese orden, el jurista señaló que los datos sobre una persona que afecten su intimidad, su ámbito de privacidad personal o familiar, que puedan generar vergüenza o descrédito público o afectar su imagen, su honor y su buen nombre, no pueden ser dados a la luz pública de manera alegre ni ser conocidos por terceros salvo que el titular de las referidas informaciones haya otorgado por escrito la autorización correspondiente.
Sin embargo, el abogado reconoció el derecho que tienen las delegaciones diplomáticas a recopilar informaciones de inteligencia e informar a sus respectivos Estados sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales y de cualquier índole que puedan ser de interés para su país, por lo que, agregó, no ve ninguna violación a las normas legales en ese sentido.
“Ahora, una cosa es recopilar y transmitir esas informaciones por parte del cuerpo diplomático quienes además gozan de inmunidad conforme a las normas, tratados y convenciones internacionales y otra muy diferente es la divulgación por parte de terceros de esos datos sin contar con la debida autorización escrita del titular de derechos”, subrayó el dirigente peledeísta.
Minaya Nolasco expresó que el articulo 44 numeral 2 de la actual constitución de la República Dominicana dispone que toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley.
Igualmente, Blas Minaya recordó que el tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad, destacando que una persona sobre la que se ha vertido una información pública “Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos”, citó el abogado.
Consideró que el derecho a informar que tienen los medios de comunicación está delimitado por el respeto al derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, conforme lo dispone la parte in fine del articulo 49 de la constitución.
“Porque reiteramos que los datos y las informaciones de los ciudadanos que figuren en cualquier registro público o privado, deben ser protegidos para evitar que se afecte su dignidad, su honor, su buen nombre y su intimidad personal”, adujo
El presidente de Dignidad Jurídica, licenciado Blas Minaya Nolasco, indicó que la solicitud de oposición a que sean divulgados esos datos; a que sean rectificados, destruidos o mantenidos en confidencialidad se realiza por medio de una acción legal denominada Habeas Data que está prevista en el articulo 70 de la actual constitución y que su procedimiento es el mismo que para llevar a cabo una acción de amparo, siendo competente el tribunal de primera instancia cuya naturaleza mas se asemeje al derecho conculcado para conocer del mismo.
El jurista adelantó que próximamente estará publicando el libro Habeas Data, Garantía Constitucional de Protección de Datos.
Fuente: elnuevodiario.com
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