Presentan acusación contra presuntos sicarios.

01/09/2011.   
10:40 AM.   


SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional presentó su acusación en el juicio de fondo que se ventila a nueve supuestos sicarios que habrían estado al servicio del capo boricua José David Figueroa Agosto.

Los fiscales adjuntos Cándida Ramos, Isidro Vásquez y Denny Silvestre, calificaron el expediente de asesinato, asociación de malhechores y porte ilegal de armas de fuego. Los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia que están a cargo del proceso son Pilar Rufino, presidenta, Daira Medina y Daniel Julio Nolasco.

Gian Enrique Rojas Matos, José Miguel Rodríguez Almonte, José Aníbal Hidalgo García, Diómedes Moya Durán, Winston Antonio Rodríguez Tavárez, Ricardo Pérez Mateo, Wilhen Ortiz de los Santos, Yoel Antonio Féliz Medina y José Alberto de la Cruz Paredes, son los procesados por presunto sicariato. Se le atribuye el crimen del coronel José Amado González González, Omar Antigua Polanco y Rubén Soto Hayet, entre otros.

La imputación señala que los procesados se dedicaban al asesinato de personas por encargo, uso ilícito de armas de fuego (incluyendo armas de guerra), robo de vehículos y planificación de tramas terroristas. También, que Figueroa Agosto ordenara la planificación y ejecución de los asesinatos de otras personas relacionadas con esta red criminal.

Agrega que Moya Durán verificó los movimientos en la escena donde ejecutaron a González González, desde las 12:13 p.m., informando a Rojas Matos y Rodríguez Taveras que "el objetivo estaba totalmente muerto", sustentado por los registros de llamadas del número de teléfono 809-601-4003 y la mapificación, que lo ubican directamente en el lugar del hecho.

Además, se ubica en la misma escena a Rojas Matos y Pérez Mateo, como parte integral de la ejecución de la operación criminal.

Subraya que diez números telefónicos mapificados en la escena del crimen y mediante la relación de mensajes de textos enviados y recibidos por los usuarios, describen la planificación del suceso, la suma de dinero acordada, que ascendía regularmente a US$30,000.00, y los seguimientos y vigilancia a las víctimas, tanto a la residencia como a los vehículos utilizados por el occiso.